Vivienda: qué medidas siguen vigentes y cuáles han quedado derogadas tras la decisión del Congreso
El 13 de noviembre de 2026, el BOE publicó los acuerdos parlamentarios que confirman la derogación del Real Decreto-ley 28/2026 y la convalidación del Real Decreto-ley 29/2026. La decisión pone fin a la incertidumbre sobre las últimas reformas en materia de vivienda y determina qué medidas continúan aplicándose y cuáles no llegarán a entrar en vigor.
El primero de los decretos, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 15 de noviembre, ha quedado derogado antes de comenzar a aplicarse. El segundo, vigente desde el 8 de octubre, mantiene sus efectos jurídicos y tributarios, incluidas las medidas relativas a los contratos de alquiler, la actualización de rentas, la fiscalidad inmobiliaria y la protección de determinados arrendatarios.
Los cambios afectan a propietarios particulares, sociedades patrimoniales, inversores, promotores, agencias inmobiliarias y empresas que gestionan alojamientos turísticos.
1. Qué normativa está vigente y qué cambios han quedado sin efecto
El 12 de noviembre de 2026, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados acordó convalidar uno de los dos reales decretos-leyes aprobados el 6 de octubre y derogar el otro.
La situación normativa queda de la siguiente manera:
- Real Decreto-ley 28/2026: derogado. Su entrada en vigor estaba prevista para el 15 de noviembre de 2026, pero las modificaciones contempladas no han llegado a aplicarse.
- Real Decreto-ley 29/2026: convalidado y vigente. Entró en vigor, con carácter general, el 8 de octubre de 2026, por lo que las medidas que ya resultaban aplicables continúan produciendo efectos desde esa fecha.
La convalidación parlamentaria no modifica las fechas iniciales de aplicación de las disposiciones. Por tanto, las medidas vigentes desde el 8 de octubre no comienzan a aplicarse el 13 de noviembre, sino que mantienen su fecha de entrada en vigor original.
¿Qué cambios sobre los contratos de alquiler han quedado derogados?
La derogación del Real Decreto-ley 28/2026 impide que se aplique la reforma que contemplaba del artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
En consecuencia, no entran en vigor las modificaciones previstas sobre las prórrogas sucesivas de los contratos, los nuevos plazos de preaviso y las indemnizaciones por determinadas decisiones de no renovación.
En su lugar, continúa aplicándose el régimen correspondiente conforme a la legislación vigente y a las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 29/2026.
Es importante distinguir esta derogación de las medidas extraordinarias que sí permanecen vigentes, como la posibilidad de solicitar determinadas prórrogas adicionales o las limitaciones temporales a la actualización de rentas.
2. Prórrogas extraordinarias de hasta dos años para determinados alquileres
El Real Decreto-ley 29/2026 mantiene la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de determinados contratos de arrendamiento de vivienda habitual, por períodos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales.
Para acogerse a esta medida deberán cumplirse las condiciones establecidas en la norma, entre ellas:
- Que el contrato estuviera vigente el 8 de octubre de 2026.
- Que finalice alguno de los períodos de duración o prórroga contemplados en la disposición.
- En el supuesto de la prórroga obligatoria del artículo 9.1 de la LAU, que el vencimiento se produzca antes del 31 de diciembre de 2028.
- Que el arrendatario esté al corriente del pago y lo haya estado mensualmente durante los ocho meses anteriores.
- Que exista una solicitud por parte del arrendatario.
Durante esta prórroga se mantienen los términos y condiciones del contrato vigente.
El arrendador deberá aceptar la solicitud salvo que concurra alguna de las excepciones previstas legalmente, como un acuerdo entre las partes, la formalización de un nuevo contrato o la necesidad real y acreditada de recuperar la vivienda para destinarla al uso propio o familiar en las condiciones establecidas.
La norma también contempla particularidades relacionadas con las viviendas situadas en zonas tensionadas y determinados contratos o renovaciones que incorporen una reducción de renta de, al menos, el 5 %.
Los propietarios deben comprobar si un contrato próximo a vencer puede quedar sujeto a esta prórroga antes de comunicar su finalización o comprometer la vivienda con un nuevo arrendatario.
3. Limitaciones a la actualización de las rentas hasta diciembre de 2027
Las actualizaciones anuales de renta comprendidas entre el 8 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 están sujetas a una limitación extraordinaria.
La regulación diferencia dos situaciones:
- Si la renta supera el importe máximo aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia, no procederá incremento alguno.
- En los restantes supuestos, la subida será la que resulte de un nuevo acuerdo entre las partes. Si no existe acuerdo, la actualización no podrá superar el 2 %.
Por ejemplo, en un alquiler de 1.000 euros mensuales, una actualización del 2 % supondría un incremento de 20 euros, siempre que resulte legal y contractualmente procedente.
El límite del 2 % no constituye una subida automática a la que tenga derecho el propietario. Antes de actualizar la renta es necesario comprobar el contrato, los índices aplicables y las limitaciones que correspondan a la vivienda.
4. Nuevas condiciones para los alquileres de temporada y por habitaciones
La reforma introduce cambios relevantes en dos modalidades de arrendamiento que han adquirido especial protagonismo en el mercado inmobiliario.
Alquiler de temporada
La temporalidad deberá responder a una necesidad real, expresa y acreditable del arrendatario, como motivos laborales, académicos, sanitarios u otras circunstancias de alojamiento transitorio.
Con carácter general, estos contratos tendrán una duración de entre 31 días y 12 meses, sin perjuicio de las particularidades legalmente previstas.
La sucesión de más de dos contratos temporales queda sometida a reglas que pueden determinar su consideración como arrendamiento de vivienda habitual. Asimismo, cuando no exista una causa suficientemente justificada, el contrato podrá quedar sujeto al régimen propio de la vivienda habitual.
Los contratos celebrados antes del 8 de octubre de 2026 conservarán, conforme a su régimen transitorio, las condiciones anteriores hasta la finalización del plazo pactado, momento en el que quedarán extinguidos sin posibilidad de prórroga.
La mera denominación de «alquiler de temporada» no determina su naturaleza jurídica. Por ello, propietarios y agencias deberán documentar adecuadamente la causa de temporalidad y revisar sus modelos contractuales.
Alquiler por habitaciones
La regulación también contempla expresamente el arrendamiento parcial de viviendas mediante habitaciones o estancias.
Entre las novedades destaca que la suma de las rentas de las habitaciones alquiladas simultáneamente no podrá superar la renta correspondiente al arrendamiento unitario de la vivienda completa, en los términos establecidos en la norma.
También se incorporan garantías específicas en materia de precios para inmuebles situados en zonas de mercado residencial tensionado.
Por ejemplo, si el importe de referencia aplicable al alquiler de una vivienda completa es de 1.200 euros mensuales, dividirla en cuatro habitaciones no permite superar ese límite mediante cuatro contratos independientes.
Los propietarios y las empresas especializadas deberán revisar las rentas previstas, sus contratos y las normas autonómicas aplicables.
5. Más garantías para los arrendatarios y cambios en los contratos
El Real Decreto-ley 29/2026 modifica determinadas obligaciones de los propietarios y refuerza distintos derechos de los inquilinos.
Entre las materias afectadas se encuentran:
- Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contratos.
- Las garantías adicionales.
- La repercusión de determinados gastos e impuestos.
- Las reparaciones necesarias para mantener la habitabilidad.
- Las condiciones de entrega de la vivienda al finalizar el arrendamiento.
- Los derechos de adquisición preferente en determinados supuestos de transmisión.
Estas modificaciones pueden afectar a cláusulas que hasta ahora se utilizaban habitualmente en el mercado inmobiliario.
Por ello, propietarios, agencias inmobiliarias y administradores de fincas deberían revisar sus modelos de contrato, especialmente las disposiciones relativas a honorarios, gastos, garantías, reparaciones y responsabilidades.
6. Nuevas reducciones fiscales en el IRPF para propietarios
El artículo 6 del Real Decreto-ley 29/2026 modifica el tratamiento fiscal de los rendimientos del capital inmobiliario procedentes del arrendamiento de viviendas.
Desde el 8 de octubre de 2026 se establece un nuevo sistema de reducciones que tiene en cuenta, entre otras circunstancias, la evolución de la renta respecto del contrato anterior.
Para determinados nuevos contratos formalizados por un mismo arrendador que no tenga la condición de gran tenedor, una reducción de la renta superior al 5 % puede permitir aplicar porcentajes de reducción fiscal del 70 %, 85 %, 90 %, 95 % o incluso del 100 %, dependiendo de las condiciones concurrentes.
Entre los factores que se valoran se encuentran la continuidad del arrendatario, la ubicación de la vivienda, el precio de referencia aplicable y determinadas circunstancias personales del inquilino.
Por el contrario, incrementar el precio del alquiler respecto del contrato anterior puede reducir progresivamente el beneficio fiscal.
El esquema de reducciones vinculado al incremento de la renta, en los supuestos regulados y sin perjuicio de otras reducciones aplicables, es el siguiente:
| Evolución de la renta respecto del contrato anterior | Reducción fiscal |
|---|---|
| La nueva renta no supera la anterior, actualizada cuando proceda | 50 % |
| Incremento de hasta el 5 % | 40 % |
| Incremento superior al 5 % y hasta el 10 % | 30 % |
| Incremento superior al 10 % y hasta el 15 % | 25 % |
| Incremento superior al 15 % y hasta el 20 % | 20 % |
| Incremento superior al 20 % | 15 % |
Estas reducciones se aplican sobre el rendimiento neto positivo del arrendamiento, no sobre el importe íntegro de los alquileres cobrados.
Los contratos anteriores quedan sujetos a sus correspondientes reglas transitorias, por lo que no procede aplicar automáticamente los nuevos porcentajes a todos los alquileres existentes.
Antes de renovar un contrato o modificar su renta, conviene comparar el resultado económico después de impuestos de las distintas alternativas.
7. Cambios fiscales en los alquileres turísticos y de corta duración
Desde el 1 de diciembre de 2026, los arrendamientos de apartamentos o viviendas amueblados cuya duración a favor de un mismo arrendatario no supere las 30 noches quedarán, con carácter general, sujetos y no exentos de IVA, tributando al tipo reducido del 10 %.
La modificación afecta a estas operaciones incluso cuando no se presten servicios complementarios propios de la industria hotelera.
Se contempla una excepción para las estancias de corta duración en la vivienda en la que el propio arrendador tenga su residencia habitual, sin perjuicio del tratamiento que corresponda cuando se presten servicios hoteleros.
Por ejemplo, un alojamiento contratado por una base imponible de 500 euros pasaría a tributar por 50 euros de IVA, ascendiendo el importe total a 550 euros.
La modificación puede generar nuevas obligaciones para propietarios que hasta ahora realizaban exclusivamente operaciones exentas, entre ellas:
- Obligaciones censales.
- Facturación.
- Llevanza de registros.
- Presentación de autoliquidaciones.
- Revisión del derecho a deducir el IVA soportado.
Los titulares de alojamientos turísticos y las empresas que gestionan reservas deberán adaptar sus precios, contratos y sistemas de facturación antes del 1 de diciembre. Las reservas anteriores y los anticipos cobrados requieren revisar las reglas de devengo del impuesto.
8. IVA reducido para obras de reparación y renovación de viviendas alquiladas
También desde el 1 de diciembre de 2026 se amplía la aplicación del tipo reducido del IVA del 10 % a determinadas obras de renovación y reparación realizadas en viviendas destinadas al arrendamiento como vivienda habitual.
La novedad permite aplicar este tratamiento con independencia de la condición del arrendador, por lo que puede beneficiar tanto a propietarios particulares como a sociedades dedicadas al alquiler residencial.
Para ello deberán cumplirse las condiciones establecidas en la normativa:
- Que la construcción o rehabilitación de la vivienda haya finalizado al menos dos años antes del inicio de las obras.
- Que el coste de los materiales aportados por quien ejecuta las obras no supere el 40 % de la base imponible de la operación.
- Que el pago se realice mediante alguno de los medios bancarios admitidos por la norma.
No todas las reformas podrán beneficiarse del IVA reducido. Antes de contratar las obras conviene revisar los presupuestos, el porcentaje de materiales, la forma de pago y el destino de la vivienda.
9. IVA del 4 % para determinadas viviendas protegidas
Desde el 1 de diciembre de 2026 se amplía expresamente la aplicación del tipo superreducido del IVA del 4 % a las entregas realizadas por promotores de viviendas protegidas sujetas a una calificación permanente o indefinida.
La medida comprende también los garajes y anexos situados en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente, con un máximo de dos plazas de garaje.
La aplicación de este tipo exige comprobar la calificación administrativa de la vivienda y las condiciones de la operación. No se extiende indiscriminadamente a todas las viviendas protegidas.
10. Recargos del IBI para viviendas turísticas y desocupadas
La reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales habilita a los ayuntamientos de municipios situados en zonas de mercado residencial tensionado para establecer recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de determinados alojamientos turísticos.
Los límites máximos previstos son:
| Titularidad de inmuebles residenciales destinados a alojamiento turístico | Recargo máximo sobre la cuota líquida del IBI |
|---|---|
| Un inmueble | 50 % |
| Dos o más inmuebles | 100 % |
| Cuatro o más inmuebles | 150 % |
Asimismo, se modifica el régimen de recargos aplicables a las viviendas desocupadas con carácter permanente.
La medida tiene efectos para los períodos impositivos iniciados desde la entrada en vigor del real decreto-ley. En el caso ordinario del IBI, cuyo período impositivo coincide con el año natural, su incidencia podrá producirse desde el ejercicio 2027.
Estos recargos no se aplican automáticamente en todos los municipios. Su exigencia dependerá de la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal y del cumplimiento de los requisitos legales.
11. Cambios en la imputación de rentas inmobiliarias a partir de 2027
La titularidad de inmuebles urbanos que no constituyen la vivienda habitual del contribuyente y que no generan rendimientos por arrendamiento puede dar lugar a una imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF.
Para el ejercicio 2026 se mantiene el porcentaje del 1,1 % en aquellos municipios cuyos valores catastrales hayan sido revisados o determinados mediante valoración colectiva general con efectos desde el 1 de enero de 2012.
Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2027 se modifica el sistema de imputación de rentas inmobiliarias mediante una escala que contempla porcentajes del 1,1 %, 1,5 %, 2 % y 3 %, atendiendo a la suma de los valores catastrales de los inmuebles comprendidos en la regulación.
También se modifica el rendimiento mínimo fiscal aplicable al arrendamiento o cesión de inmuebles a familiares hasta el tercer grado.
Estas novedades pueden afectar especialmente a particulares con segundas residencias, viviendas desocupadas o inmuebles cedidos a familiares. Los contribuyentes con un patrimonio inmobiliario relevante deberían revisar su incidencia en la previsión de IRPF para 2027.
12. Incentivos fiscales por la transmisión de viviendas al sector público
Se introducen determinados beneficios fiscales en el IRPF para personas físicas que transmitan viviendas a entidades del sector público dedicadas a la promoción y gestión de vivienda social y asequible.
Entre los supuestos contemplados se encuentra la posible exención de ganancias patrimoniales derivadas de la venta de viviendas cuyo valor total de transmisión sea inferior a 800.000 euros y que hayan permanecido desocupadas de forma continuada y sin causa justificada durante los dos años anteriores.
Esta medida se contempla para transmisiones realizadas desde la entrada en vigor del real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2027, siempre que se cumplan las restantes condiciones.
También se regulan incentivos ligados a la reinversión de determinadas ganancias patrimoniales a través de la nueva Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, cuya operatividad está condicionada a determinados desarrollos normativos.
No toda venta de una vivienda a una Administración pública genera automáticamente una exención. Será necesario analizar la naturaleza del comprador, las características del inmueble y las condiciones específicas del beneficio fiscal.
13. Nuevos coeficientes de la plusvalía municipal
Desde el 1 de diciembre de 2026 se modifican los importes máximos de los coeficientes utilizados para determinar la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana mediante el método objetivo.
La modificación puede afectar al importe de la plusvalía municipal en compraventas, donaciones y transmisiones hereditarias de inmuebles urbanos.
El resultado dependerá del período de generación del incremento de valor, del valor catastral del suelo y de la ordenanza municipal correspondiente.
Las personas y empresas que tengan previsto formalizar una transmisión inmobiliaria próxima al 1 de diciembre deberían valorar la incidencia de los nuevos coeficientes y comprobar qué método de cálculo resulta aplicable.
14. Cambios en el régimen fiscal de las SOCIMI
El nuevo decreto modifica el régimen fiscal de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
Se establece un gravamen especial del 25 % sobre determinados beneficios no distribuidos procedentes de la actividad de arrendamiento o cesión de uso de inmuebles residenciales, incluidos los alojamientos turísticos y de corta duración.
Se contemplan reducciones del gravamen vinculadas al porcentaje de viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles y, en determinados supuestos, a la reinversión de los beneficios.
Con carácter transitorio:
- Para los períodos impositivos iniciados en 2026 y no concluidos a la entrada en vigor, se exige un porcentaje de viviendas asequibles superior al 60 %.
- Para los períodos iniciados en 2027, el porcentaje deberá ser superior al 70 %.
- El porcentaje ordinario establecido por la norma es superior al 80 %.
Esta modificación afecta específicamente al régimen fiscal de las SOCIMI y no debe confundirse con la tributación ordinaria de las sociedades patrimoniales o de las demás empresas dedicadas al arrendamiento de inmuebles.
15. Limitaciones a determinadas adquisiciones inmobiliarias
Hasta el 31 de diciembre de 2030 se establecen restricciones a determinadas adquisiciones de viviendas efectuadas por personas jurídicas que tengan la condición de gran tenedor, entidades vinculadas y operadores comprendidos en los supuestos establecidos por la norma.
En particular, se limita la adquisición de viviendas por un importe inferior al 70 % de su valor de mercado, determinado mediante una tasación independiente en las condiciones legalmente exigidas.
Se contemplan excepciones, entre ellas determinadas operaciones destinadas a incorporar viviendas al mercado del alquiler social o asequible.
No se trata de una prohibición general de comprar viviendas por debajo de su valor de mercado. La limitación afecta a determinados adquirentes y operaciones, por lo que deberán examinarse individualmente las circunstancias de cada adquisición.
16. Protección frente a determinados desahucios
El Real Decreto-ley 29/2026 incorpora medidas dirigidas a proteger a personas en situación de vulnerabilidad residencial y sin alternativa habitacional.
Se establece un régimen específico de suspensión de determinados procedimientos de desahucio hasta el 31 de diciembre de 2030, condicionado a los requisitos establecidos en la norma.
También se introducen mecanismos procesales relacionados con la intervención de las administraciones públicas y se regulan determinadas especialidades aplicables a procedimientos judiciales en curso.
La normativa no supone una suspensión general de todos los desahucios. Su aplicación depende de las circunstancias del procedimiento, la situación del ocupante y las características del titular del inmueble.
17. Qué deberían revisar ahora propietarios y empresas inmobiliarias
La amplitud de las modificaciones aconseja revisar las operaciones inmobiliarias previstas para los próximos meses.
En particular, conviene comprobar:
- Los vencimientos de los contratos de alquiler y las posibles prórrogas extraordinarias.
- Las actualizaciones de renta previstas hasta finales de 2027.
- La acreditación de la causa de temporalidad en los alquileres de temporada.
- La rentabilidad y los límites aplicables al alquiler por habitaciones.
- Los modelos contractuales y las cláusulas relativas a gastos, garantías y reparaciones.
- Los nuevos incentivos fiscales aplicables a los alquileres.
- La incidencia del IVA en los alojamientos turísticos a partir del 1 de diciembre.
- Los requisitos para aplicar el IVA reducido en obras de renovación.
- Las transmisiones inmobiliarias previstas y los nuevos coeficientes de la plusvalía municipal.
- La fiscalidad de los inmuebles vacíos, segundas residencias y viviendas cedidas a familiares.
- Las nuevas condiciones aplicables a las SOCIMI y determinadas adquisiciones inmobiliarias.
La planificación resulta especialmente importante para quienes tengan previsto formalizar contratos, realizar reformas, transmitir inmuebles o desarrollar nuevas operaciones de inversión antes de finalizar el año.
Conclusión: revisar contratos y operaciones antes de que los cambios produzcan efectos
La convalidación del Real Decreto-ley 29/2026 y la derogación del Real Decreto-ley 28/2026 permiten determinar qué reformas inmobiliarias continúan vigentes y cuáles han quedado definitivamente sin efecto.
No obstante, las modificaciones afectan a distintos ámbitos y cuentan con fechas de aplicación específicas. Por ello, no basta con conocer la normativa general: es necesario analizar cada contrato, inmueble y operación para determinar las consecuencias jurídicas y fiscales correspondientes.
Si dispone de viviendas en alquiler, tiene previsto adquirir o transmitir inmuebles, explota alojamientos turísticos o desarrolla una actividad empresarial vinculada al sector inmobiliario, puede ponerse en contacto con nuestro despacho para analizar cómo le afectan las nuevas medidas y adaptar sus decisiones al marco jurídico y fiscal vigente.
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