Procedimientos Administrativos y Contencioso-Administrativos
Recursos administrativos ordinarios
Impugnación actos administrativos
Responsabilidad patrimonial administrativa
Contamos con una dilatada experiencia en el asesoramiento a personas físicas y jurídicas en su relación con las Administraciones Públicas, tanto en vía administrativa como en sede judicial contencioso-administrativa. Nuestro acompañamiento abarca desde la fase inicial del procedimiento hasta su eventual judicialización, incluyendo la elaboración de alegaciones, recursos, informes jurídicos y estrategias procesales ajustadas a la casuística concreta de cada cliente.
Ofrecemos una defensa especializada en todas las áreas del Derecho Administrativo: procedimientos sancionadores, materia de personal de la Administración Pública, responsabilidad patrimonial, ejecución forzosa, inactividad administrativa, expropiaciones forzosas, derecho medioambiental, procedimientos urbanísticos o de protección de datos, entre otros. Intervenimos en multitud de sectores, como dominio público y propiedades especiales (minas, aguas y montes) infraestructuras (puertos, carreteras y ferrocarriles), transporte y sector postal, industria, energía (electricidad e hidrocarburos), medio ambiente, agricultura, telecomunicaciones, turismo, comercio, educación, universidades e investigación, función pública y personal estatutario.
Asimismo, representamos a nuestros clientes en todas las instancias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, incluida la interposición de recursos de apelación, casación o amparo, en su caso.
Ofrecemos soluciones como:
Recursos administrativos ordinarios y extraordinarios: formulación de recursos de alzada, reposición y revisión en vía administrativa frente a resoluciones sancionadoras, denegatorias o lesivas de derechos e intereses legítimos.
Impugnación de sanciones administrativas: asistencia en procedimientos sancionadores en materias como urbanismo, medio ambiente, telecomunicaciones, protección de datos, consumo, transporte, aguas, energía, tráfico, minas o sanidad.
Responsabilidad patrimonial: análisis jurídico de la existencia de daño imputable a la Administración, identificación del órgano responsable, cuantificación del perjuicio y dirección letrada del procedimiento de reclamación, en sede administrativa y judicial.
Silencio administrativo e inactividad: impugnación de actos presuntos, requerimientos por inactividad y defensa frente a situaciones de omisión por parte de la Administración.
Procedimientos expropiatorios: intervención en todas las fases de la expropiación forzosa, desde la declaración de utilidad pública hasta la ocupación del bien, pasando por la hoja de aprecio, los recursos ante el Jurado Provincial y la jurisdicción contenciosa, así como expedientes de reversión o retasación.
Urbanismo: defensa en procedimientos sancionadores urbanísticos, restablecimiento de la legalidad urbanística, obtención de licencias, revisión de títulos habilitantes, participación en juntas de compensación y alegaciones frente a instrumentos de planeamiento.
Protección de datos personales: asistencia en procedimientos ante la Agencia Española de Protección de Datos, defensa en expedientes sancionadores por incumplimientos de la normativa de privacidad, impugnación de resoluciones, y asesoramiento en vulneraciones derivadas del uso de datos en sectores como comercio, sanidad, redes sociales o telecomunicaciones.
Función Pública y Personal estaturario: asesoramiento a empleados públicos (funcionarios y laborales) en todas las fases de su relación jurídica con la Administración, incluyendo procesos de selección, provisión de puestos, carrera profesional, permisos, retribuciones, situaciones administrativas, incompatibilidades, sanciones disciplinarias y pérdida de la condición de funcionario. Asistencia en la impugnación de convocatorias, valoración de méritos, reclamaciones por igualdad y recursos en vía administrativa y contenciosa.
Sectores regulados: representación en procedimientos administrativos y judiciales ante organismos reguladores y autoridades sectoriales (energía, transporte, telecomunicaciones, banca, seguros, sanidad, medio ambiente, juego, residuos, agroalimentario y comercio).
Asistencia procesal en todas las instancias: interposición de recursos contencioso-administrativos ante juzgados, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional, así como recursos de apelación, casación y amparo ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Análisis y control de legalidad de normas y disposiciones generales: impugnación de reglamentos, planes, ordenanzas y otras disposiciones de carácter general ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Intervención en procedimientos de ejecución forzosa: apremios administrativos, multas coercitivas y compulsiones sobre las personas.
Consultoría jurídica para Administraciones Públicas: emisión de informes jurídicos, revisión de actos administrativos, elaboración de pliegos, dictámenes, participación en procedimientos de concurrencia y asistencia en procesos contenciosos.
Intervención en la gestión, supervisión y seguimiento de procesos de desarrollo urbanístico y edificación de naturaleza compleja.
Procedimientos de adecuación catastral, expedientes de dominio, actas de notoriedad y declaraciones de obra nueva y obra nueva antigua, segregaciones y agrupaciones en sus distintas tipologías, coordinación registro catastro.
Intervención en procesos de Due Diligence inmobiliaria urbanística.
Interposición de recursos gubernativos ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y fe pública frente a calificaciones registrales negativas.
Nuestros expertos en el área
Otras áreas de práctica
